Miguel Angel Espósito, acusado por la detención ilegal de Walter Bulacio en 1991 tras un recital de Los Redonditos de Ricota, se negó a declarar en el comienzo del juicio en su contra.
En tanto, su abogado defensor, Pablo Argibay Molina, manifestó a la prensa que Bulacio (17), detenido al salir del recital que se realizó en el estadio Obras Sanitarias de la Capital Federal, no murió por los golpes aplicados en la comisaría donde había sido alojado, sino "por un aneurisma congénito".
El juicio comenzó pasadas las 11 de ayer en el Tribunal Oral en lo Criminal 29 porteño, aunque no contó con la presencia de Espósito, quien llegó al debate en libertad y está acusado de un delito menor, "privación ilegal de la libertad", que tiene como pena máxima seis años de prisión.
Es que Espósito, a quien nunca se le imputaron las "torturas seguidas de muerte" que para la familia sufrió el adolescente, no estuvo presente en el comienzo del juicio debido a que presuntamente se encuentra en un estado delicado de salud.
Fuentes del TOC 29 revelaron a la agencia Télam que el imputado compareció ante los jueces, Rodolfo Goerner, María Deluca Giacobini y Alejandro Litvack, a través de videoconferencia desde una oficina del Consejo de la Magistratura, aunque luego de brindar sus datos personales hizo uso de su derecho a negarse a declarar.
Esta metodología molestó a la familia de Bulacio, ya que no es habitual que un imputado sea indagado de esa forma, en tanto Argibay Molina explicó que Espósito sufrió "un infarto producido después de la exoneración, que es un episodio inútil que generó el señor Aníbal Fernández".
El letrado se refería a cuando en 2008, el por entonces ministro de Justicia de la Nación echó a Espósito de la PFA.
El defensor del ex comisario dijo también que Bulacio no sufrió una muerte no violenta y que la acusación contra Espósito "es parte de la conspiración del propio poder judicial".
"Hay un problema de una muerte por un problema de un aneurisma cerebral congénito, lamentablemente no se le descubrió", dijo el letrado y agregó que "no hay constancias de los golpes" que desde un primer momento se dijo que Bulacio recibió en la comisaría y que presuntamente le produjeron la muerte.
Luego, declararon cuatro testigos, entre ellos la madre de Bulacio, Graciela Scavone, quien contó que se enteró por una vecina de que su hijo estaba preso en la comisaría 35 y cuando concurrió con su esposo, le informaron que el chico estaba internado en el Hospital Pirovano.
Según dijo a Télam la abogada querellante, María del Carmen Verdú, la mujer relató que en la seccional les hicieron firmar una constancia que señalaba que les entregaban al adolescente "sano", cuando hacía 13 horas que estaba internado y poco después murió.
Una testigo importante fue María Inés Quiroga, quien se desempeñaba como secretaria en el juzgado de Menores que estaba de turno cuando detuvieron a Bulacio y afirmó que esa noche no recibieron ninguna consulta pese a que "se exigía a los policías que informaran sobre la detención de menores" de edad.
También declaró Osvaldo Capuzzo, ex director general de Operaciones de la PFA, quien contó cómo se organizó el operativo por el recital, y Alberto Sivade, ex jefe de la seccional tercera.
"Sivade dijo que no recordaba nada, pero quedó en claro que hacían lo que les daba la gana en materia de detenciones", sostuvo Verdú, quien lamentó no estar discutiendo cómo se produjo la muerte del joven.
Los hechos ocurrieron el 19 de abril de 1991 en inmediaciones del Estadio Obras Sanitarias, en el barrio porteñode Núñez, donde se iba a desarrollar un recital de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, y centenares de personas que se dirigían a prsenciarlo fueron detenidas por la PFA, entre ellas, Bulacio.
Quienes detuvieron al joven invocaron el "Memorando 40", una disposición pergeñada por dos jueces correccionales en 1967 que autorizaba a los comisarios a no dar intervención a la Justicia por la detención de un menor de edad (siempre que no fuera por un delito), cuando el propósito era entregárselo a los padres.
Argibay Molina dijo que "la inacción judicial", al no eliminar el mencionado Memorando, es "lo que permitió" el crimen: "Hay muchísimos jueces y camaristas que conocían eso y se hicieron los tontos. Por eso yo sostengo que la responsabilidad en esta causa es del Poder Judicial y no de la PFA".
"El tema es quién permitió que el sistema funcionara y esos fueron los jueces, son los que habilitan y toleran un sistema que viene de cuarenta años atrás", dijo Argibay Molina, quien también calificó de "payasesca" la resolución de 2003 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que declaró que la causa es imprescriptible por tratarse de un crimen de Estado con iguales características que los de lesa humanidad.
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